Locales. Se destrabó el conflicto de los choferes en Desarrollo Social 

Concluidas las elecciones legislativas, el Gobierno de Miguel Lunghi y el Sindicato de Trabajadores Municipales sellaron un consenso con relación a la falta de choferes en la Secretaría de Desarrollo Social, diferendo que había cobrado estado público a partir de la quema de cubiertas en las puertas de la dependencia municipal. 
En las últimas horas, el secretario general Roberto Martínez Lastra y el jefe de Gabinete, Marcos Nicolini, firmaron un acta que establece la incorporación de un agente (traslado de otra área) y el encuadramiento de otro que ya prestaban funciones pero carecía de las condiciones legales de sus compañeros. 
De este modo, se destrabó el reclamo mediante la negociación entre el gremio y las autoridades del gabinete, reconociendo implícitamente el Gobierno que ese punto sensible de Desarrollo Social necesitaba un refuerzo de personal. 
Cabe destacar que los distintos sectores que componen la Secretaría habían firmado notas donde plasmaron un respaldo a la denuncia exteriorizada por el delegado Marcelo Hidalgo.  
En un primer tramo de las conversaciones, se reunieron Mauricio Acosta, Oscar Teruggi y Rubén Dieguez con los dirigentes sindicales Cecilia Soto y Hugo Aranda.
Pero la negociación no prosperó. Hasta que esta semana las partes retomaron el diálogo y normalizaron la situación. 
Un inconveniente que queda pendiente de solución es el concerniente a los 4 colectivos, de los cuales 3 están rotos. 
Y además, sigue pendiente la denuncia de Hidalgo sobre el masivo ingreso de personal político en Desarrollo Social. 
Algunos de los micros del área municipal "no pasaron la Verificación Técnica Vehicular", señaló el delegado. A su vez, la documentación que tienen las unidades es insuficiente o no condice con la categoría del vehículo en cuestión.   
"En ese estado, los colectivos están más para el desarme que para ir a la calle", manifestó el vocero del reclamo. Y agregó Hidalgo: "algunos coches no tienen freno de mano".  
Según los cálculos de los empleados, la comuna debería invertir no menos de 15.000 pesos por vehículo para ponerlos en condiciones. Por eso desconfían de la propuesta esbozada por los funcionarios apuntados en la Justicia en la causa penal por presunta malversación de caudales públicos.